Cierre de Tratativas Para Actualizar el Acuerdo de Asociación Entre Chile y la UE: Organizaciones Sociales y Eurodiputados/as Acusan Neocolonialismo
Este viernes se cerraron las tratativas en torno a la modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, las cuales habían comenzado el 2017, ante el interés de esta última. Este tratado, en vigor desde 2003, básicamente establece condiciones comerciales que facilitan la exportación de materias primas nacionales y el ingreso de empresas europeas a la economía local, valiéndose del bajísmo costo de operación que posibilita una normativa e institucionalidad ambiental y laboral permisiva y funcional a sus intereses. De acuerdo a la cancillería, se espera que la firma del acuerdo sea en noviembre del 2023 para luego ser votado por los parlamentos de los Estados miembros de la UE y por el Congreso Nacional de Chile.
Anoceto Hevia
Quienes han alertado respecto a cómo se han llevado a cabo estos cabildeos, enfatizan en su secretismo en tanto no se han transparentado las actas de cada reunión y, hasta ahora, no se conocen de primera fuente las condiciones de esta actualización del texto. En una declaración, suscrita por 91 organizaciones nacionales, otras tantas internacionales, además de diputadas/os locales y eurodiputadas/os, se indica: «En el caso chileno, la información sobre el Acuerdo sólo proviene de la prensa vinculada a los grandes grupos de interés y en el caso europeo, la información se ha demostrado insuficiente. Sólo accederemos al acuerdo completo tras su firma».
Por su parte, la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, señaló: «Esto nos abre amplias perspectivas de trabajo futuro con la Unión Europea y sus Estados miembros, a través de acciones que se enmarcan en concordancia, además, con dos ejes fundamentales de nuestra política exterior, lo que hemos denominado la Política Exterior Turquesa en relación con el cambio climático, la biodiversidad, y la Política Exterior Feminista, dos ejes fundamentales de nuestra política exterior». Llama la atención que la canciller plantee que estas sean las supuestas virtudes del acuerdo, como si los derechos ambientales y sociales fueran garantías que se profundizarán por un tratado de interés comercial y no en normas adecuadas y con una aplicación eficaz a las que este se debería ceñir.
A partir de la información disponible, quienes suscribieron la carta alertando de las posibles repercusiones de la actualización del Acuerdo de Chile y la Unión Europea, afirman «las disposiciones ambientales, laborales y de género no son vinculantes, ni lo es el anexo referido a Derechos Humanos». O sea, las supuestas condiciones asociadas a la llamada Política Exterior Turquesa no serían obligatorias.
Las organizaciones también aseveraron que en «el capítulo sobre prácticas regulatorias otorga a los inversores la posibilidad de interferir en la elaboración de las políticas públicas, ya que obliga a las autoridades reguladoras a que las partes interesadas participen en las decisiones sobre medidas que puedan interferir en su negocio. Si estas medidas no son del gusto de las empresas, podrían dar lugar a disputas arbitrales entre inversores y Estados, según el capítulo de protección de las inversiones del acuerdo. Pero las contrapartes de la UE no tienen posibilidad alguna de incidir en las políticas públicas de la UE». Respecto a esta situación, se añade que «hay una vulneración de la soberanía», pues «aplica las mismas cláusulas conocidas en el sistema de ISDS […] normas que ya aplican para los 18 acuerdos bilaterales de inversión Chile/UE pero ahora se amplían a otros 9 estados miembros». Esto implica el establecimiento de «un sistema de Tribunales de Inversión compuestos por árbitros que no son jueces sino abogados, bajo las mismas reglas mencionadas, ajenas a las leyes nacionales. Sólo los inversores pueden demandar, no así los Estados parte, ni las comunidades afectadas por quedar sin agua o por la extinción de especies».
Respecto a las licitaciones públicas, «es más probable que sean las grandes empresas de la UE las que entren en el mercado de contratación pública chilena, y no que ocurra lo contrario».
En el texto también se informa que «el capítulo sobre Energía incorpora cláusulas que preocupan en el caso de Chile, ya que garantizan el acceso europeo a materias primas energéticas como el litio, al cobre, y a combustibles renovables como el llamado hidrógeno verde, estableciendo mecanismos que recortan la capacidad del Estado de decidir cómo regular sus bienes comunes naturales. El acuerdo vela por los intereses de la UE y su objetivo de transición energética y electromovilidad que requiere importar ciertos materiales estratégicos, pero ignora los intereses (y costos) de las contrapartes. Según el acuerdo, los principios que deben aplicar las contrapartes son los de transparencia y no-discriminación, así como las reglas del mercado internacional y de precio internacional para vender a la UE. Si Chile establece impuestos altos, o subvenciones, o fija sus propios precios, y adopta normas restrictivas para las inversiones extranjeras, estas medidas serían consideradas como un obstáculo o barrera técnica al comercio».
Finalmente, las organizaciones y representantes que suscribieron la declaración, calificaron a este acuerdo como neocolonial, a través del cual se fortalece el rol primario exportador de Chile, además de entregar mayores herramientas a empresas europeas para incidir y en las decisiones políticas nacionales.
Cabe señalar que las tratativas de este acuerdo habían recibido múltiples cuestionamientos mientras ocurrían en el anterior gobierno, en el contexto del Estallido Social, teniendo un momento de pausa. No obstante, así como ocurrió con el TPP11, en este gobierno, se retomaron y agilizaron acabando en la adscripción a este último y este hecho informado.
Fuente: resumen.cl
